Pablo Cococcioni urgió a la Legislatura a sancionar las reformas de seguridad para intervenir sobre el delito predatorio

La persistencia de tasas delictivas por encima de los promedios del país mantiene la presión sobre el andamiaje normativo de Santa Fe. En el marco de la apertura de ExpoSeguridad Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reclamó a los legisladores provinciales la aprobación urgente del paquete de reformas diseñado para agilizar los procesos judiciales y habilitar intervenciones directas en los territorios con mayor conflictividad armada.

El funcionario diagnosticó que, si bien las estadísticas actuales registran un descenso respecto de los picos de hace tres años —cuando Santa Fe llegó a cuadruplicar la media nacional de homicidios—, los indicadores todavía no alcanzan umbrales aceptables. Frente a este escenario, la estrategia de la Casa Gris busca descongestionar un sistema de audiencias saturado, reducir costos operativos para los contribuyentes y atacar los circuitos económicos del delito callejero, con foco prioritario en el comercio ilegal de telefonía móvil.

Al responder a los cuestionamientos que señalan supuestos excesos de discrecionalidad en las propuestas, Cococcioni desestimó las críticas y argumentó que el verdadero confinamiento lo sufren las comunidades expuestas a las balaceras cotidianas. En ese sentido, remarcó que las iniciativas redactadas por orden del gobernador Maximiliano Pullaro se apegan a los límites constitucionales y buscan dotar al Estado de una capacidad operativa simétrica a la que despliega el crimen organizado en los barrios.

La administración provincial supedita la velocidad de las futuras mejoras estadísticas a la sanción de este marco regulatorio. El titular de la cartera de Seguridad concluyó que la acción policial y la voluntad del Ejecutivo resultan insuficientes sin instrumentos legales específicos que permitan sostener intervenciones de saturación territorial y garantizar el derecho ciudadano a la integridad física.