El Gobierno postergó los embargos y juicios fiscales a las pymes hasta mediados de 2027

La presión judicial por deudas impositivas sobre el entramado productivo menor continuará congelada durante los próximos meses. El Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a prorrogar la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027, en un intento por evitar el bloqueo operativo de cuentas bancarias y activos en firmas asfixiadas por costos fijos.

La disposición, oficializada mediante la Resolución 1899/2026 en el Boletín Oficial tras el anticipo del ministro Luis Caputo ante la Unión Industrial Argentina, alcanza de forma directa a micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que mantengan vigente el Certificado MiPyME. El esquema también ampara a pequeños contribuyentes, sucesiones indivisas, entidades sin fines de lucro y prestadores del sector de la salud.

El freno a las cautelares profundiza un sendero de excepciones administrativas iniciado a fines de 2024, cuando la cartera económica fijó un primer plazo de contención hasta julio de 2025 para centros médicos y asociaciones civiles. Aquel límite inicial experimentó sucesivas prórrogas hasta finales de 2026, fecha que ahora quedó formalmente desplazada para incorporar al universo pyme de manera integral.

En los fundamentos normativos, la administración central reconoció que las condiciones de estrés financiero que motivaron el resguardo fiscal original continúan vigentes. Bajo el amparo de la Ley 24.467, el Ejecutivo justificó la extensión en la necesidad de preservar unidades productivas que concentran empleo intensivo y potencial exportador, despejando la amenaza de embargos judiciales inmediatos.