El Gobierno postergó la licitación del Belgrano Cargas y modificó los requisitos técnicos y financieros

La transferencia al sector privado de la red ferroviaria de cargas más extensa del país enfrenta demoras técnicas ante el volumen de inversión que demanda el estado de la infraestructura. A través de la Resolución 1914/2026, la administración nacional reprogramó los plazos licitatorios para la concesión de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para auditar el tendido de vías, talleres e inmuebles.

El nuevo esquema administrativo fijó el límite para realizar consultas al pliego el próximo 3 de diciembre de 2026, mientras que la presentación y apertura de las propuestas de la primera etapa quedó aplazada hasta el 21 de diciembre de 2026. La medida busca evitar inconsistencias en el cálculo de las inversiones requeridas por los futuros operadores, que tendrán a su cargo la obra pública sobre la traza con opción a comprar el material rodante de Belgrano Cargas y Logística S.A.

Entre los ajustes regulatorios introducidos, la cotización del peaje máximo podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada y kilómetro bruto (US$/TKM). Asimismo, el pliego habilitó dos formatos de propuesta: la Oferta A y la Oferta B, diseñadas para que los postulantes elijan de forma excluyente si tramitarán los beneficios fiscales y cambiarios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), alternativa que demandará una segunda garantía de mantenimiento.

En el plano societario, el marco normativo flexibilizó las exigencias financieras al permitir que la solvencia sea respaldada por hasta dos socios financieros con índices de liquidez iguales o superiores a uno, aunque exigirá justificar patrimonio por cada ramal a los grupos que compitan por más de una línea. En paralelo, el socio técnico deberá conservar al menos un 10% del capital accionario con derecho a voto durante 180 días posteriores a la habilitación de las obras, plazo en el cual los contratistas nominados responderán de forma solidaria e ilimitada.