La Corte Suprema designó conjueces para destrabar el fallo sobre la Ley de Tierras

La falta de unanimidad entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia forzó la intervención de magistrados de instancias inferiores para resolver la validez jurídica del artículo 154 del DNU 70/23, la cláusula que derogó el régimen de protección al dominio nacional sobre tierras rurales. La convocatoria busca quebrar la paridad interna en un expediente que condiciona los límites a la adquisición de superficie productiva y recursos estratégicos por parte de extranjeros.

A través de un sorteo formal, el máximo tribunal incorporó al cuerpo decisorio a Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y a Juan Ignacio Pérez Curci, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Para acelerar el trámite procesal, el tribunal redujo a 24 horas el plazo para que las partes consientan la nueva integración, fundamentando la celeridad en la urgencia y las características de la causa.

El expediente bajo análisis se originó a partir de una demanda promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, que solicitó la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto. La presentación sostiene que la liberación del mercado inmobiliario rural vulnera normativas ambientales, compromete la tutela de los recursos naturales y avanza sobre derechos reconocidos a comunidades originarias.

La controversia judicial arrastra un itinerario técnico complejo desde diciembre de 2023, cuando ingresó en el fuero federal de Bariloche antes de derivarse a la Cámara Federal de La Plata sin resolverse la cuestión de fondo. Previamente, la Corte había desestimado un planteo contra el mismo artículo impulsado por excombatientes de Malvinas al señalar la falta de legitimación activa de los demandantes, dejando abierta la definición técnica que ahora asumirá el tribunal ampliado.