El Gobierno nacional oficializó un plan de retiros voluntarios con supresión definitiva de vacantes en el Estado
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La Cámara alta aprobó el régimen de restitución exprés de inmuebles y mantuvo los límites a la extranjerización de campos en zonas productivas y de frontera.
El régimen de dominio de inmuebles y campos productivos operará bajo nuevas reglas judiciales tras la sanción definitiva de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La iniciativa quedó aprobada por 42 votos afirmativos contra 26 negativos, sostenida por una articulación entre el oficialismo y bloques provinciales y dialoguistas, mientras que los sectores vinculados al peronismo y fuerzas patagónicas votaron en contra.
La versión definitiva consolida un cambio sustancial en la resolución de usurpaciones y ocupaciones irregulares mediante un esquema de desalojo sumarísimo. Los jueces quedarán facultados para ordenar la restitución del bien en un plazo de 72 horas a partir del pedido del propietario legítimo, bajo caución juratoria y presentación del título correspondiente. Para los contratos de locación con morosidad económica, la normativa fijó una instancia previa obligatoria: el envío de una carta documento que conceda al menos 10 días corridos para cancelar la deuda antes de iniciar la vía judicial.
El texto que completó el trámite legislativo debió resignar las pretensiones originales de desregulación sobre la tenencia de suelo rural. Ante la resistencia parlamentaria y la tensión sobre el decreto 70/23, el articulado restituyó las restricciones de la Ley de Tierras Rurales. De este modo, continuará vigente el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, junto con el límite estricto de mil hectáreas para titulares extranjeros en la zona núcleo agropecuaria, áreas de frontera y adyacencias de cursos hídricos.
En materia de intervención pública, la ley recortó el margen operativo estatal al reformar el marco de expropiaciones bajo un criterio de interpretación restrictiva para las declaraciones de utilidad pública. Los resarcimientos económicos tendrán un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, complementados por una actualización fijada por el Índice de Precios al Consumidor más la tasa pasiva del Banco Nación a treinta días. Asimismo, se introdujeron modificaciones a la ley Pierri para permitir la escrituración dominial de vivienda única a familias con posesión pública y pacífica acreditada durante una década.