Argentina ratificó el arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas
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El oficialismo busca contener el rechazo parlamentario al megadecreto de desregulación económica mediante acuerdos con mandatarios provinciales.
La vigencia del andamiaje normativo que desreguló sectores centrales del comercio, los servicios y la tenencia de tierras enfrenta una instancia decisiva en la Cámara de Diputados. Tras el rechazo previo en el Senado, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo 15 de octubre con el objetivo de anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, instrumento fundacional del programa económico del Poder Ejecutivo.
El decreto bajo análisis eliminó marcos regulatorios como la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el régimen de Compre Nacional, además de liberar las tarifas de medicina prepaga y suprimir organismos como el Instituto Nacional de la Yerba Mate. La eventual derogación de la norma reconfiguraría las reglas de juego comerciales y la operatividad de los contratos en todo el territorio nacional.
Frente a este escenario, la administración central intensificó los contactos con gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca) para garantizar los votos necesarios que bloqueen el quórum o el rechazo a la medida. En paralelo, el oficialismo propuso postergar el debate legislativo hacia fines de mes incorporando iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar en la agenda de discusión parlamentaria.