La Argentina presentó su apelación contra el fallo que la obliga a entregar acciones de YPF como parte del pago de la sentencia por US$ 16.000 millones derivada de la nacionalización de la petrolera.

De acuerdo con el especialista Sebastián Maril, la defensa del país ante la Cámara de Apelaciones se apoya en cuatro ejes principales:

1. La justicia de Estados Unidos no puede ordenar a un Estado soberano repatriar activos situados en el exterior.

2. La jueza Loretta Preska aplicó de manera incorrecta la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre bienes fuera de esa jurisdicción.

3. El país invoca la Ley de Inmunidad Soberana para evitar la obligación de entregar las acciones.

4. Se señala el impacto en las relaciones diplomáticas entre naciones amigas y las consecuencias que generaría obligar al país a ceder sus activos.

La resolución de este proceso se espera para el primer trimestre de 2026.

En el marco de la causa, el Gobierno de Estados Unidos intervino como amicus curiae en favor de la Argentina. Planteó que la orden de transferir las acciones de YPF, incluso cuando estén fuera de territorio estadounidense, podría exceder los límites legales que establece la FSIA respecto a la ejecución de bienes de estados extranjeros.

Además, advirtió que un precedente de este tipo podría tener efectos adversos en la política exterior de EE.UU. y en el tratamiento recíproco de sus activos en tribunales de otros países.

El escrito también advierte que, si Argentina acatara la entrega de las acciones antes de que se resuelva la apelación, enfrentaría un daño irreparable, ya que aun obteniendo un fallo favorable más adelante, podría perder la posibilidad de recuperar esos títulos.