El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres proyectos de ley de carácter social aprobados por el Congreso: el que disponía un aumento de las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión se formalizó mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo fundamentó su rechazo en razones fiscales y técnicas. En los considerandos, calificó las iniciativas como “fiscalmente irresponsables” y sostuvo que violaban la Ley de Administración Financiera al no indicar fuentes genuinas de financiamiento.

Los argumentos del veto

El Gobierno estructuró su negativa en dos ejes principales:

 • Impacto fiscal excesivo: Según el decreto, la aplicación conjunta de las tres leyes generaría un gasto adicional de más de 7 billones de pesos   en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026. Esto equivaldría a casi el 1% del PBI en 2025 y 1,68% en 2026, lo que, según el Ejecutivo, comprometería el cumplimiento de las metas fiscales y pondría en peligro el equilibrio de las cuentas públicas, definido como “innegociable”.

 • Cuestionamientos al procedimiento legislativo: El oficialismo señaló "graves nulidades" en el tratamiento parlamentario. Denunció que la sesión del 10 de julio en el Senado careció de la citación previa correspondiente y que se habilitó el debate con mayoría simple, cuando debían aplicarse los dos tercios, según el Reglamento.

Qué establecían las leyes vetadas

 • Jubilaciones: Establecía un aumento de emergencia del 7,2%, un bono mensual de $110.000 actualizable y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas.

 • Moratoria previsional: Reinstauraba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo jubilarse sin los 30 años de aportes, y ampliaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

 • Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una Pensión No Contributiva por Discapacidad, y otorgaba una compensación económica de emergencia a prestadores del sistema.

Tras el veto presidencial, la discusión legislativa vuelve al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir en la sanción de las normas.