El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de ley de propiedad privada, una iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto definitivo llega al recinto con modificaciones sustanciales respecto de su versión original, tras suprimirse el capítulo sobre barrios populares y reformarse los puntos referidos a extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

La propuesta elimina las restricciones vigentes para que empresarios extranjeros adquieran tierras rurales en el país. Bajo el nuevo esquema, las provincias deberán autorizar estas operaciones siempre que no involucren a un Estado extranjero. La prohibición de compra se mantendrá estrictamente para Estados extranjeros, corporaciones con participación estatal extranjera o fondos fiduciarios integrados por capitales públicos de otros países.

En materia de vivienda, el proyecto introduce los desalojos exprés únicamente para casos de inmuebles usurpados. Para las situaciones de alquileres, se fijará un plazo de 10 días para intimar fehacientemente el pago en el domicilio contractual. Ante el incumplimiento, el locador quedará habilitado para iniciar una acción judicial de desalojo bajo el procedimiento más breve de la ley, establecido en 10 días hábiles.

La reforma también modifica la ley de Manejo del Fuego al derogar la prohibición de cambiar por 30 años el uso de suelos agropecuarios, praderas o pastizales que hayan sufrido incendios. En el caso de los bosques nativos, se mantendrá la prohibición de alterar su destino, pero se eliminará el límite temporal de 60 años fijado por la legislación previa.

Respecto a las expropiaciones, se determina que la declaración de utilidad pública se aplicará de forma restrictiva y con fundamentación estatal. Las indemnizaciones por lucro cesante tendrán un tope del 30% y las tasas de interés se calcularán mediante el Índice de Precios al Consumidor sumado a la tasa a 30 días del Banco Nación.

La sesión, acordada entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, incluirá además el tratamiento de un proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres Bainbridge Ltd. (67 millones) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones). El Gobierno requiere la sanción antes del 30 de junio para cancelar los litigios y evitar embargos sobre activos estatales como las acciones de YPF.

Finalmente, el temario legislativo se completará con el debate para aprobar 50 pliegos de jueces, defensores y fiscales, y la creación de cámaras federales para Mar del Plata y Tucumán.