Con el objetivo de moderar la presión sobre los precios finales y sostener la actividad económica, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la postergación de la actualización de los gravámenes sobre los combustibles. La medida, formalizada mediante el Decreto 217/2026, traslada para el mes de mayo los incrementos remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono.

La decisión administrativa alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, en un escenario condicionado por la volatilidad del mercado energético internacional. En los considerandos de la norma, se destaca la intención de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", priorizando la contención de la inflación en un marco de tensiones bélicas en Medio Oriente que mantienen el precio del petróleo en torno a los US$100.

Esta estrategia de diferimiento, aplicada por la gestión de Javier Milei de manera recurrente, representa un desafío para la recaudación. Según proyecciones técnicas, la postergación de estos ajustes durante 2025 implicó una resignación fiscal de US$2.326 millones. No obstante, el Gobierno mantiene el esquema de actualizaciones trimestrales calculadas sobre la inflación, buscando suavizar el impacto directo en los surtidores.