El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió este martes concederle a Cristina Fernández de Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria, que se llevará a cabo en la vivienda de su hija, ubicada en San José 1111, barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue tomada en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad, que incluye 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La resolución judicial también instruye a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad, a colocarle a la ex presidenta un dispositivo de monitoreo electrónico, y deja sin efecto su comparecencia ante Comodoro Py prevista para este miércoles.

En el fallo, al que accedió Noticias Argentinas, se establecen una serie de condiciones: Cristina Kirchner deberá permanecer en el domicilio fijado, salvo excepciones justificadas por fuerza mayor, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas. Para cualquier otra salida, deberá solicitar autorización previa al tribunal.

Asimismo, se le exige evitar cualquier comportamiento que perturbe la tranquilidad del vecindario y se le otorgan 48 horas hábiles para presentar un listado de convivientes, así como también de su custodia policial, profesionales médicos y abogados. Estas personas podrán ingresar a la vivienda sin necesidad de autorización judicial. Cualquier otra visita deberá ser previamente solicitada y justificada ante el tribunal.

La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal fue designada para supervisar el cumplimiento de estas condiciones. Los informes deberán presentarse cada tres meses, momento en el cual se evaluará el nivel de acatamiento por parte de la condenada.

La resolución fue comunicada formalmente al Ministerio Público Fiscal, a la defensa de Kirchner y a la propia ex mandataria. La notificación personal se realizó a través de la Comisaría de la Policía de la Ciudad correspondiente al domicilio en cuestión.

En el fallo se menciona que los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron la incorporación de su defendida al régimen de prisión domiciliaria. El informe judicial determinó que la vivienda es apta para la detención en domicilio, sin objeciones sobre el entorno ni las condiciones habitacionales.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido al tribunal que se rechazara el beneficio, algo que finalmente no prosperó.

La resolución lleva las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, el secretario Tomás Santiago Cisneros, y el juez federal Andrés Fabián Basso.