Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, junto con los de otros involucrados en la causa Vialidad, confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión del tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se produce luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado. La medida alcanza a 122 bienes inmuebles que el Ministerio Público Fiscal identificó como instrumentos o productos del delito, o como activos adquiridos durante el período investigado, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original del decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, cifra respaldada por criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia. Ante la falta de pago de los condenados, el tribunal ordenó la ejecución mediante la venta de los bienes identificados.

Entre los activos incluidos están propiedades de Lázaro Báez y sociedades vinculadas a su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y CABA. También se incluyen un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probado un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles a favor de Báez. Según la Justicia, este flujo de fondos públicos se tradujo en un crecimiento patrimonial ilícito que involucró propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa sobre la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. Destacó que el decomiso no exige trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios del delito.

Asimismo, la decisión se apoya en tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio clave. El tribunal advirtió que una interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

Una vez realizada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. Se indicó también que los fondos recuperados deben destinarse a reparar el daño social, especialmente en Santa Cruz, afectada por obras viales inconclusas.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había adelantado a fines del mes pasado que estaba en “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo Luciani durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires.

Luciani y su par Sergio Mola habían solicitado al TOF 2 avanzar de inmediato con la ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados, tras el vencimiento del plazo para el pago solidario de $684.990.350.139,86, equivalentes a unos 500 millones de dólares.