El Estado Nacional modificó el esquema de financiamiento para el descuento del 55% de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. A partir de la Resolución 40/2026, que entró en vigencia este miércoles 1 de julio, la cobertura estatal dejará de actualizarse de manera automática ante los incrementos de boleto dispuestos por las jurisdicciones locales.
La nueva normativa implementa tarifas de referencia que funcionarán como el tope máximo sobre el cual el Tesoro Nacional calculará el beneficio. Para los municipios y provincias, estos valores de referencia equivalen a las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026, mientras que para los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026. Estos topes se mantendrán fijos hasta que la Secretaría de Transporte decida actualizarlos.
La medida responde a la marcada dispersión tarifaria y a la frecuencia de los aumentos aplicados por los gobiernos locales. Al no tener competencia sobre esas decisiones, el Ejecutivo nacional argumentó que las erogaciones estatales subían de forma imprevista. Con este cambio, se busca establecer un parámetro objetivo y uniforme para administrar los recursos públicos destinados al financiamiento del sistema.
El nuevo esquema no altera el universo de beneficiarios, que incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, ni reduce el 55% de descuento establecido, siempre que los usuarios tengan su tarjeta SUBE registrada. Tampoco se modifican las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios precios; no obstante, si un distrito decide aplicar tarifas más altas o sostener gratuidades mayores, deberá financiar la diferencia con recursos propios. La adaptación técnica del sistema de cobro quedó a cargo de Nación Servicios S.A.
