Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud de la provincia de Santa Fe expresaron su preocupación por el Decreto Nº 538/2025 del Gobierno nacional, que redefine la estructura del sistema de control alimentario y, según advierten, limita la participación federal y la autonomía técnica provincial, con posible impacto en las economías regionales.

La medida dispone la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), hasta ahora el ámbito técnico y federal de coordinación entre Nación, provincias y CABA para proponer y consensuar modificaciones al Código Alimentario Argentino (CAA). A partir de ahora, las actualizaciones serán definidas exclusivamente por Anmat y Senasa, sin mecanismos obligatorios de consulta con las autoridades sanitarias provinciales, como establece la Ley Nº 18.284 en su artículo 20.

Desde la cartera productiva santafesina alertaron que este esquema puede impedir que las particularidades de las economías regionales se reflejen en la normativa, afectando el desarrollo de productos locales e innovación. “La capacidad de Anmat y Senasa para establecer mecanismos de consulta robustos, transparentes y participativos con las provincias será determinante para el éxito de esta nueva estructura y para asegurar que la agilidad no se logre a expensas de la pertinencia y la equidad regional”, señalaron.

El secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, explicó que “la Agencia mantiene la competencia para emitir Registros Nacionales de Establecimientos (RNE) y de Productos Alimenticios (RNPA) en el ámbito provincial y puede intervenir en trámites de alcance nacional, por la fortaleza de contar con un sistema propio para esos registros. Sin embargo, pierde capacidad de decisión normativa sobre los requisitos de registro y se ve obligada a operar exclusivamente a través del sistema nacional informatizado”.

Elizalde sostuvo además que, junto al Decreto Nº 35/2025, la medida “profundiza los riesgos institucionales y sanitarios, ya que no hay Conal para incluir y representar a las provincias en decisiones normativas y se conceden excepciones regulatorias automáticas a importaciones certificadas, sin procesos colegiados, participativos o supervisión provincial”.

También advirtió que la flexibilización en el ingreso de productos con certificaciones extranjeras puede implicar estándares distintos o inferiores si no hay una evaluación nacional sólida. “El resultado es un sistema aún más centralizado, sin mecanismos claros para que las jurisdicciones ejerzan control adecuado sobre lo que circula dentro de su territorio”, afirmó, y remarcó que Santa Fe “es pionera y ejemplo a nivel nacional, y asegura -junto a los municipios y comunas- la seguridad de los alimentos que consumen todos los santafesinos”.