Uno de los proyectos de ley que comenzará a tratarse en el Senado en el corto plazo es la iniciativa del Ministerio de Salud. Dicho proyecto aborda, en principio, la depuración de las listas de beneficiarios de pensiones por invalidez, aunque simultáneamente avanza drásticamente en la flexibilización absoluta de los valores de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda para blindar la aprobación de la medida, si bien el murmullo de algunos sectores aliados no pasó desapercibido debido al alcance regresivo de las reformas. A pesar de esto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, garantizó un esquema de trabajo razonable, sin apurar los tiempos del debate.

Por un lado, la revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez impone al Poder Ejecutivo la obligación de realizar un reempadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con una prórroga posible de 30 días adicionales. Durante este lapso, los titulares de las pensiones deberán completar el trámite para la actualización de datos médicos y socioeconómicos, bajo pena de que la autoridad de aplicación proceda a la suspensión inmediata del pago del beneficio.

Si bien se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal proyectado para el Gobierno se fundamenta en el recorte sustancial de la cantidad de pensiones. Este ajuste se logra a través del endurecimiento de los requisitos respecto al grado de invalidez—que debe ser total y permanente—y la verificación de la situación de vulnerabilidad económica del solicitante. Adicionalmente, se establece la incompatibilidad entre mantener un trabajo formal (ya sea en relación de dependencia, monotributo o autónomos) y cobrar la pensión por invalidez.

El argumento del Poder Ejecutivo para impulsar este ajuste se basa en la masiva expansión del sistema: entre 2003 y 2023 se multiplicó 16 veces la cantidad de pensiones pagadas por el Estado, pasando de 76 mil beneficiarios a 1.2 millones. Este crecimiento incluye una gran cantidad de casos de fraude por incompatibilidad. Los fundamentos del proyecto señalan que "Numerosas publicaciones han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez".

Se agrega que la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados, una sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas, incluso judiciales. Dichos procesos de auditoría y verificación han permitido identificar un conjunto significativo de irregularidades en el acceso y percepción de dichas prestaciones, incluyendo situaciones de domicilios inexistentes, así como casos en los que no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos, lo que pone en evidencia la existencia de desvíos que afectan la correcta asignación de los recursos.

Según señalaron fuentes parlamentarias de Unión por la Patria, el planteo oficialista a favor de depurar las listas de beneficiarios es un “caballo de troya” que encubre un objetivo “perverso”: la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad, lo que podría derivar en reducciones drásticas de coberturas al servicio de la recomposición de la renta de empresas de medicina prepaga.

Hasta ahora, la Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de fijar aranceles universales para cada tipo de prestación por Discapacidad, ya que los precios de las prácticas están atados al nomenclador. Con la reforma propuesta, se eliminan los precios fijos y se habilita a cada prepaga u obra social a eventualmente congelar aranceles, lo que podría traer aparejada la repetición traumática de la crisis que vivió el sector de discapacidad el año pasado.