El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita, en el marco de una causa que investiga presuntos sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

La resolución fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien además dispuso el procesamiento de Daniel Garbellini, quien se desempeñó como segundo de Spagnuolo en la ANDIS, junto con Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos señalados por sus vínculos con el sector de las droguerías.

En total, el magistrado alcanzó con esta medida a 19 personas, entre ellas ex funcionarios y empleados del organismo y empresarios privados, a quienes se les atribuyen distintos roles dentro de la estructura investigada. A todos se les impusieron embargos sobre sus bienes, con montos variables según el grado de participación atribuido.

El embargo más elevado recayó sobre Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos.

En su resolución, Casanello sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se habría conformado “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Según el juez, ese esquema se integró por “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

El fallo también afirma que la ANDIS pasó a ser una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

La resolución judicial no descarta nuevas líneas de investigación. En ese sentido, el magistrado advirtió que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, agregó Casanello.

Finalmente, el fallo señala que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”.