La Empresa Provincial de la Energía (EPE) desafectó a más de 15.000 usuarios del programa de Tarifa Social, luego de identificar abusos, consumos desmedidos y posibles maniobras fraudulentas. Según informaron, los controles se intensificarán en los próximos días para asegurar un uso responsable de este beneficio destinado a sectores vulnerables.
El operativo se llevó a cabo en conjunto con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía de la provincia. Entre las irregularidades detectadas figuran suministros asociados a personas fallecidas, inmuebles alquilados, locales comerciales y viviendas situadas en barrios de alto poder adquisitivo.
El programa de Tarifa Social busca facilitar un consumo eléctrico accesible y eficiente para hogares con bajos ingresos, cubriendo con fondos provinciales la diferencia entre la tarifa bonificada y el valor real del servicio. Por eso, los organismos involucrados destacan la importancia de una asignación justa de recursos públicos, evitando que excesos individuales impacten en el esfuerzo colectivo de los santafesinos.
Casos destacados:
• Mientras el promedio de consumo residencial ronda los 700/800 kW bimestrales, se detectaron usuarios con consumos de hasta 6.500 kW en zonas residenciales. Uno de ellos recibió una factura de $1.477.057, de la cual pagó $1.028.237, y el Estado debió cubrir $448.820.
• En Funes, otro beneficiario con tarifa social registró un consumo de 3.000 kW, pagando solo $17.584 sobre un total de $720.000. El Estado subsidiaba así $703.083.
• En un solo circuito de medición, durante abril, se identificaron 13 usuarios con consumos superiores a los 5.000 kW, con facturas entre $1.000.000 y $1.500.000. El subsidio estatal en esos casos ascendió a $4.681.000.
• También se descubrieron titulares registrados como Responsables Inscriptos ante ARCA, es decir, contribuyentes del régimen general que tributan impuestos como IVA y Ganancias.
• Otro tipo de anomalía involucró a jubilados con tarifa social que ya no residían en los domicilios declarados para acceder al beneficio.
Las autoridades provinciales ratificaron que profundizarán los controles, con el objetivo de proteger el sentido original del programa y asegurar que los subsidios lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
