El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se desarrollarán del 10 al 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un conjunto de reformas que abarcan áreas fiscales, laborales, penales y ambientales.
A través del decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se estableció que durante ese período solo podrán debatirse los asuntos incluidos en el anexo. En primer lugar figura el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, que proyecta para el próximo año un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal.
El temario incluye siete iniciativas:
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Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026
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Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal
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Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
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Proyecto de Ley de Modernización Laboral
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Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal
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Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)
Dentro del paquete sobresale el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, orientado a redefinir los criterios de responsabilidad y la carga de la prueba en materia tributaria. También se sumó la iniciativa denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, planteada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y restringir el financiamiento mediante emisión o endeudamiento.
Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso y que, según indicaron voceros oficiales, incorporará cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación ante nuevas formas de empleo.
El listado se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser remitida por el Ejecutivo, y con la adecuación de la normativa sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial, que revisará la Ley 26.639 para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, especialmente en actividades extractivas en zonas cordilleranas.
