El Gobierno busca incorporar los “salarios dinámicos” dentro del proyecto de reforma laboral, una de las propuestas más respaldadas por el sector empresario y que promete abrir un nuevo frente de debate con los sindicatos.

La iniciativa plantea que los valores definidos en los convenios colectivos funcionen como una referencia general, habilitando a regiones o empresas a negociar condiciones distintas de acuerdo con sus posibilidades.

Con este esquema, las negociaciones serían más descentralizadas, permitiendo a las partes acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, explicó que se busca un reordenamiento del sistema de referencia salarial. Según los borradores de la propuesta, los valores fijados en los convenios dejarían de actuar como “pisos” y pasarían a ser “techos” orientativos.

Los sindicatos rechazan la medida porque perderían la garantía de un mínimo salarial uniforme para todos los trabajadores del mismo convenio. Si el cambio prospera, cada empresa podría acordar sumas distintas, siempre que no superen lo establecido colectivamente.

El Ejecutivo aspira a que los actores laborales flexibilicen los mecanismos de actualización de ingresos, adaptándolos a la realidad económica de cada sector. Además, propone eliminar los incrementos automáticos por inflación, con el fin de evitar ajustes desvinculados de la productividad o la capacidad de pago empresarial.

La Secretaría de Trabajo prepara un borrador que mantendría los convenios como marco general, pero con montos máximos en lugar de mínimos. Hasta ahora, esos acuerdos funcionan como una red de contención para impedir sueldos por debajo de lo pactado.

El Gobierno argumenta que este sistema permitiría ajustar los salarios a la situación de cada unidad productiva, favoreciendo la sustentabilidad del empleo formal y relacionando las remuneraciones con los resultados específicos de cada sector.

En cambio, las organizaciones sindicales alertan que convertir los pisos en techos implicaría una pérdida de protección colectiva y una posible precarización laboral.

Desde la cartera laboral aseguran que la iniciativa no busca eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al contexto económico.