Diputados dio media sanción a la tipificación del vandalismo rural con penas de hasta diez años de prisión
El proyecto modifica el Código Penal para castigar la rotura de silobolsas, la intrusión en campos y los daños sobre la infraestructura productiva agropecuaria.
- Diputados aprobó con 162 votos la tipificación penal del vandalismo rural en Argentina.
- La rotura de silobolsas y equipos agropecuarios tendrá penas de dos a ocho años.
- Los ataques coordinados por tres o más personas contemplan hasta diez años de prisión.
El régimen sancionatorio penal incorporará una protección específica para el circuito productivo del campo argentino tras la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que tipifica el delito de vandalismo rural. Con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, la iniciativa busca frenar los perjuicios económicos derivados de la intrusión en establecimientos y la destrucción de insumos estratégicos.
El texto normativo consensuado entre el legislador del PRO Martín Ardohain y el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez introduce escalas punitivas que varían según el daño provocado a la operatoria agropecuaria. La intrusión no autorizada a campos o sus dependencias contempla penas de un mes a un año de cárcel, plazo que se eleva a dos años si el ingreso interrumpe sustancialmente la actividad, compromete la sanidad animal o vegetal, o pone en riesgo la vida de los trabajadores.
La escala punitiva más severa apunta a frenar los ataques sobre el acopio de granos y el equipamiento técnico, que hasta ahora eran encuadrados como contravenciones menores. La rotura de silobolsas o productos vinculados a la producción implicará penas de dos a ocho años de prisión, acompañadas de multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del perjuicio económico causado.
En los casos donde participen tres o más personas de forma coordinada y se concrete la pérdida absoluta de la cosecha en curso o se bloquee la continuidad del transporte y comercialización, las penas alcanzarán un tope de diez años de prisión. El proyecto fue girado al Senado tras contar con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y bloques provinciales, mientras que el grueso del peronismo y la izquierda votaron en contra.